Según el avance provisional del Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de residentes en España a 1 de enero de 2008 es de 46,06 millones de habitantes, frente a los 45,2 millones existentes un año antes. Prosigue pues, un año más, el fuerte ritmo de crecimiento demográfico de la última década, impulsado por la intensa llegada de extranjeros a nuestro país. Será necesario estar atentos a lo que sucede durante 2008, en un escenario económico muy distinto de los anteriores, que podría afectar a la intensidad del flujo de entrada de inmigrantes.
A principios de 2008, del total de habitantes mencionado, 40,84 millones son de nacionalidad española y 5,22 extranjeros, de los cuales 2,1 son ciudadanos de la Unión Europea de los Veintisiete (UE-27). Según estos datos, la proporción de extranjeros sobre el total de la población residente en España se ha situado en el 11,3%.
Alrededor de este valor promedio, el abanico de los porcentajes de población extranjera en las distintas regiones es muy notable. Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Illes Balears (20,8%), Comunitat Valenciana (16,7%) y Comunidad de Madrid (15,9%). Las que tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,2%), Galicia (3,4%) y Principado de Asturias (3,7%).
Durante 2007 se ha producido un aumento en la población de 863.000 personas. El número de españoles empadronados experimenta un aumento neto de 162.000 personas y los extranjeros de 701.023 (15,5%). De estos últimos, los pertenecientes a la UE-27 aumentan en 387.000.
Las comunidades autónomas que han registrado los mayores aumentos de población durante el ultimo año son la Comunidad de Madrid (un aumento de 170.000 personas), Cataluña (144.000) y la Comunitat Valenciana (131.000).
Las cifras de población siempre son importantes, pero el dinamismo que presentan en los últimos años en España las hace más relevantes por sus implicaciones en muchos ámbitos, como el mercado de trabajo, la prestación de servicios públicos básicos, las necesidades de vivienda, la financiación autonómica, etc. Los esfuerzos que viene realizando el INE para mejorar la fiabilidad de la información sobre población y ofrecerla con prontitud son necesarios y deberán continuar en el futuro. Sólo así será posible elevar la fiabilidad de los diagnósticos demográficos requeridos para diseñar políticas relevantes (educativas, sanitarias, de vivienda, pensiones, dependencia) y realizar ejercicios de prospectiva fiables. Esos ejercicios se enfrentan a una dificultad adicional inmediata: predecir cómo va a evolucionar el flujo de inmigrantes que llegan atraídos por motivos laborales durante una fase como la que se ha iniciado, en que el mercado de trabajo español destruye empleo.
A principios de 2008, del total de habitantes mencionado, 40,84 millones son de nacionalidad española y 5,22 extranjeros, de los cuales 2,1 son ciudadanos de la Unión Europea de los Veintisiete (UE-27). Según estos datos, la proporción de extranjeros sobre el total de la población residente en España se ha situado en el 11,3%.
Alrededor de este valor promedio, el abanico de los porcentajes de población extranjera en las distintas regiones es muy notable. Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Illes Balears (20,8%), Comunitat Valenciana (16,7%) y Comunidad de Madrid (15,9%). Las que tienen menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,2%), Galicia (3,4%) y Principado de Asturias (3,7%).
Durante 2007 se ha producido un aumento en la población de 863.000 personas. El número de españoles empadronados experimenta un aumento neto de 162.000 personas y los extranjeros de 701.023 (15,5%). De estos últimos, los pertenecientes a la UE-27 aumentan en 387.000.
Las comunidades autónomas que han registrado los mayores aumentos de población durante el ultimo año son la Comunidad de Madrid (un aumento de 170.000 personas), Cataluña (144.000) y la Comunitat Valenciana (131.000).
Las cifras de población siempre son importantes, pero el dinamismo que presentan en los últimos años en España las hace más relevantes por sus implicaciones en muchos ámbitos, como el mercado de trabajo, la prestación de servicios públicos básicos, las necesidades de vivienda, la financiación autonómica, etc. Los esfuerzos que viene realizando el INE para mejorar la fiabilidad de la información sobre población y ofrecerla con prontitud son necesarios y deberán continuar en el futuro. Sólo así será posible elevar la fiabilidad de los diagnósticos demográficos requeridos para diseñar políticas relevantes (educativas, sanitarias, de vivienda, pensiones, dependencia) y realizar ejercicios de prospectiva fiables. Esos ejercicios se enfrentan a una dificultad adicional inmediata: predecir cómo va a evolucionar el flujo de inmigrantes que llegan atraídos por motivos laborales durante una fase como la que se ha iniciado, en que el mercado de trabajo español destruye empleo.