Las CC.AA. de régimen común han recortado su gasto real por habitante ajustado en servicios públicos fundamentales un 2,1% desde 2009
Más de cien personan asisten al seminario sobre financiación autonómica organizado por el Ivie
El Ivie, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha organizado hoy el seminario Una lectura coral del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión de la Financiación Autonómica, cuyo objetivo ha sido analizar en profundidad el documento presentado a finales de julio y valorar las posibilidades de aplicación de las propuestas planteadas por los expertos en el diseño del nuevo sistema de financiación que se tiene que aprobar próximamente
El seminario, al que han asistido más de cien personas, ha sido inaugurado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; y ha contado con la presencia como ponentes de destacados expertos en financiación autonómica que participaron en la comisión actual y en la elaboración de documentos anteriores similares. Entre los asistentes se encontraban representantes de numerosas comunidades autónomas.
La jornada ha comenzado con una sesión introductoria centrada en el diagnóstico que el informe de los expertos realiza, a cargo de Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie y representante de la Generalitat Valenciana en la Comisión de Expertos. Posteriormente, se han celebrado dos mesas de debate entre los ponentes. En la primera, centrada en los problemas de suficiencia, equidad y autonomía, han participado Carlos Monasterio, Santiago Lago, María Antonia Monés y Francisco Adame. La segunda, dedicada a analizar la estructura del nuevo modelo, las mejoras institucionales y del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el endeudamiento; ha contado con la participación de Alain Cuenca, Maite Vilalta, Francisco Pedraja y Jorge Onrubia. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido el encargado de clausurar el seminario.
Según ha explicado Francisco Pérez en su análisis inicial, la aplicación del sistema de 2009 se ha visto condicionada por la crisis y el consiguiente desplome de ingresos de las administraciones públicas. En ese contexto, las CC.AA. de régimen común han tenido que ajustar más su gasto total y hacerlo también en servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y protección social), algo que las administraciones centrales han podido evitar, en especial en el caso de las pensiones. Aun así, las comunidades no han evitado un fuerte endeudamiento. “Si se hubieran ajustado a los ingresos tributarios disponibles, los gastos reales por habitante ajustado (que es la unidad de necesidad que se calcula) de las CC.AA. habrían retrocedido al nivel de 2003”.
Los recursos del sistema de financiación entre 2009 y 2016 no han cubierto el gasto efectivo de las CC.AA. ni sus necesidades. Según el informe de los expertos, la insuficiencia de recursos se elevaba en 2015 a 16.000 millones de euros. La variación media anual del gasto real en servicios públicos fundamentales por habitante ajustado de las CC.AA. ha sido negativa (-2,1%) entre 2009 y 2016.
La crisis ha puesto de manifiesto las implicaciones de la limitada autonomía fiscal de las CC.AA. Al no tener competencias normativas sobre los impuestos indirectos no han podido tomar decisiones para mejorar sus ingresos sobre la mitad de los tributos que las financian (IVA e Impuestos especiales). Tampoco han intervenido en la gestión de los grandes impuestos de los que más dependen financieramente, gestionados por la AEAT (Administración Estatal de la Agencia Tributaria). Sus mayores competencias normativas y de gestión han permitido a la Administración Central gestionar la política tributaria para mejorar su capacidad recaudatoria, pero las CC.AA. se han visto muy limitadas para hacerlo.
El modelo de financiación de 2009 no ha cambiado un problema que ya presentaban los modelo anteriores: que las CC.AA. sigan muy alejadas de la igualdad de recursos por habitante ajustado, con diferencias entre los extremos (Cantabria vs Comunidad Valenciana) que superan los 30 puntos porcentuales, como constata el informe de los expertos.
Los expertos coinciden en que la revisión del sistema de financiación autonómico (SFA) debe fundamentarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Por esa razón, el informe considera que debe ponerse fin al statu quo que beneficia a algunas comunidades. En su opinión, el informe de la Comisión es valioso porque identifica y aborda con rigor todos los problemas del actual sistema, muestra amplios consensos en el diagnóstico sobre una mayoría de temas y plantea propuestas para mejorar la financiación.
